lunes, 16 de febrero de 2009

noticia n2

La FARC nos declaró la guerra"
dicen indígenas tras las matanzas en Colombia
"La FARC nos declaró la guerra"
dice Pablo Saí, un indígena Awá que caminó tres días junto a su esposa y tres hijos por selvas del suroeste de Colombia para huir de un comando de esa guerrilla que podría haber matado a 27 aborígenes, generando un éxodo cerca de Ecuador.
"Nos tocó salir corriendo, yo estaba trabajando y tuve que dejarlo todo porque estaban matando a todo el mundo, mujeres, hombres y niños", dice en un entrecortado español este Awá, en uno de los albergues habilitados en Samaniego, el poblado más cercano a los sitios de las matanzas que comenzaron el 4 de febrero.
Vestidos con simples camisetas, pantalones vaqueros y botas de caucho, unos 150 Awá llegaron para refugiarse en Samaniego, otros 250 en el poblado de Buenavista y 32 más en Ricaurte, según Fabio Naranjo, secretario de gobierno de Nariño, el departamento fronterizo con Ecuador.
"No teníamos qué comer, sobrevivimos con chiro", un pequeño plátano que crece en la zona, señala Saí mientras acomoda a sus hijos de doce, nueve y siete años en un pequeño salón habilitado para recibirlos.
Hasta ahora, las tropas del ejército enviadas para recorrer unas 26.000 hectáreas que conforman el resguardo, no han encontrado los cadáveres.
Pero las autoridades indígenas siguen insistiendo en que, en una primera masacre, la guerrilla mató a golpes y cuchilladas a 17 indígenas a comienzos de febrero y esta semana se denunció que otros diez Awá que huían por la selva fueron ajusticiados por los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Nosotros nos hemos declarado neutrales frente a las FARC y el Ejército, pero ellos no entienden", dice Juvencio Rosero, uno de los líderes Awá que llegó a Samaniego, unos 1.050 km al suroeste de Bogotá.
La Organización Nacional Indígena (ONIC), que agrupa a unas 80 etnias y representa a más de un millón de aborígenes colombianos, exigió a las FARC detener las acciones en su contra, que incluyen -según sus cifras- el reclutamiento forzado de 400 niños y amenazas contra comunidades en las que viven 140.000 nativos.

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